Sedigas alerta de que el cambio regulatorio propuesto por la CNMC impedirá al sector cumplir su papel de respaldo de las renovables
Después de 50 años de desarrollo sostenido en España, el gas natural se enfrenta por primera vez a un cambio regulatorio que pone en juego su papel en la transición energética que el país se ha comprometido a poner en marcha para detener el calentamiento global.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) trata de sacar adelante un cambio en el cálculo de la retribución de la distribución y transporte de este combustible en busca de un equilibrio razonable que favorezca a empresas y consumidores.
Pero las gasistas ven en esta revisión un golpe sobre la mesa que frenará las inversiones del sector, le restará competitividad frente a otras tecnologías y afectará a toda su cadena de suministro local.
“Si las circulares de la CNMC se aprueban tal y como están planteadas, en los próximos seis años el sector va a convivir con una reforma precipitada y unilateral que, además, va a ser supervisada por una comisión que no será la misma que la ha aprobado, porque la actual se encuentra en funciones”, afirmó Marta Margarit, secretaria general de Sedigas, durante un encuentro organizado por CincoDías para analizar el papel que el gas natural puede desempeñar en la transición energética.
Sedigas asegura que no cuestiona el recorte en sí sino el cambio radical de la metodología que se usa para su cálculo
En uso de sus nuevas facultades legislativas, el organismo regulador propuso en julio pasado una nueva fórmula para el cálculo de la retribución de las redes de distribución y transporte de energía que en el caso del gas suponen un recorte del 17,8% y 21,8%, respectivamente. La propuesta, que se aplicaría para el periodo regulatorio comprendido entre 2021 y 2026, provocó caídas en Bolsa y la paralización de inversiones por parte de empresas del sector.
Calendario agresivo
Si bien el supervisor sometió el borrador de la propuesta a un periodo de consulta pública que finalizó en septiembre pasado, la patronal de las gasistas se queja de que este proceso se llevó a cabo con las circulares ya escritas, sin que se haya preguntado a los agentes del sector antes de su elaboración.
“A pesar de que el próximo periodo regulatorio del gas no empieza hasta 2021, por hacerlo coincidir con el de la electricidad, que comienza en 2020, la CNMC se puso a trabajar deprisa y corriendo y no ha admitido ningún diálogo en absoluto”, señaló Margarit.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, reiteró en la víspera de este encuentro que la reforma se ejecutará en el plazo previsto, un calendario que en Sedigas consideran “muy agresivo”. Pero más allá de las formas, Margarit critica que la propuesta cambia el paradigma de la regulación, de un modelo basado en incentivos a la inversión, a otro que solo se preocupa por la amortización de las redes ya construidas.
“La ventaja del gas es que las infraestructuras ya están hechas, pero esas instalaciones hay que mantenerlas, digitalizarlas y gestionarlas para que puedan canalizar el gas renovable, mezclado o puro. De ahí la importancia de que el sector cumpla un papel activo y no pasivo”, mantuvo.
No es cuánto, sino cómo
Margarit aseguró que Sedigas no se opone a la rebaja de la retribución (que para el conjunto de los seis años ascendería a 1.530 millones para la distribución y 1.440 para el transporte y regasificación), sino al “cambio drástico” de la metodología que, en lugar de premiar la captación de nuevos clientes como hasta ahora, pasará a depender de la antigüedad de las tuberías.
“No cuestionamos el importe final de la rebaja –ya en la anterior revisión nos recortaron 1.428 millones–, sino que esta será de tal calibre y magnitud que no va a permitir que el sector contribuya a la transición energética”, sentenció.
En ese sentido, apuntó que la propuesta de la CNMC desentona con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado por el Gobierno a Bruselas, que sí cuenta con el gas natural como tecnología de respaldo de las renovables hasta 2040 y contempla el aumento de los puntos de suministro.
Recordó que el gas natural es un hidrocarburo que emite “muchísimo menos” que sus competidores y, si en vez de esperar a que las renovables se vuelvan rentables y consigan la penetración suficiente, más hogares cambiaran su caldera de carbón o gasóleo por otra que se alimentara de este combustible, o más coches se pasaran de diésel a gas natural comprimido (GNC), la calidad del aire de las ciudades mejoraría notablemente.
Si se compara con el gasóleo, el gas natural emite un 23% menos de CO2 y un 79% menos de partículas NOx (óxido de nitrógeno), según un estudio de PwC. También tiene ventajas económicas. El usuario doméstico que cambia su caldera de gasóleo por otra de gas natural llega a ahorrarse 684 euros al año en calefacción en una zona fría como Teruel y hasta 397 euros en una zona cálida como Sevilla.
En el segmento industrial, el ahorro para una empresa grande (por ejemplo, una fábrica de coches o químicos) que consume 10 gigavatios-hora (Gwh)puede llegar a los 163 euros anuales, mientras que en el caso de una empresa pequeña (un hospital o edificio de oficinas), alcanza los 64 euros.
Gracias a estas ventajas, el gas natural tiene un peso del 34% en el consumo de la industria, del 28% en el comercio y del 35% en el segmento residencial (concretamente 7,8 millones de hogares). En servicios, muchos hoteles, restaurantes y cafeterías se han beneficiado de la conversión de sus calderas a esta tecnología.
“Si ha sido capaz de capturar un tercio del mercado, es porque su uso tiene sentido económico para los clientes”, resaltó en el encuentro Gerardo Fernández Martín, director en Strategy&, división de consultoría estratégica de PwC.
El estudio de PwC, elaborado por encargo de Sedigas dos meses antes de que se publicasen las circulares, estima que si se mantuviese el actual modelo regulatorio, solo en el segmento residencial, esta fuente de energía todavía tendría un potencial de crecimiento de 1,3 millones de puntos de suministro, lo que generaría a estos hogares un ahorro de 125 millones de euros en calefacción al año y evitaría la emisión de 581 kilotoneladas (kt) de CO2 anuales.
En industria y servicios, el sector podría crecer en 14 teravatios-hora (TWh), desde los actuales 156 a los 170, lo que supondría para estos clientes ahorros de 592 millones de euros anuales y liberaría a la atmósfera de 1.129 kt de CO2 al año.
Impacto económico
En total, PwC estima que un incremento de la penetración del gas natural tendría un impacto positivo para la economía española de 866 millones de euros, de los cuales 599 corresponderían a ahorros en la factura energética, 228 al superávit de ingresos que se conseguiría aumentando la base de clientes con las mismas infraestructuras (y que además de ayudar a cerrar el déficit de tarifa podría redundar en la rebaja de los peajes de acceso) y 39 millones a la reducción de emisiones cuantificada en coste económico.
“Estas cifras se han calculado teniendo en cuenta únicamente la conversión de clientes en zonas a las que llega la red. En una segunda oleada de inversiones se podrían sumar otros 1,2 millones de puntos de suministro domésticos y 18 TWh en industrial y servicios, lo que elevaría el ahorro energético en más de 630 millones de euros al año”, aclaró.
PwC estima que si se mantuviese el actual modelo, el crecimiento de la red podría generar ahorros para la economía de 900 millones de euros
Antonio Pérez Collar, fundador de Chance & Choces, una firma dedicada al asesoramiento de proyectos de energía, agua y movilidad, resaltó que España y Japón fueron pioneros en el uso del gas natural licuado con la llegada a sus costas de los primeros barcos de GNL hace 50 años. “Pero durante 10 años, el gas que llegaba al puerto de Barcelona procedente de Libia se quedaba allí porque el país no estaba mallado. No fue hasta 1979 que se construyó el primer gasoducto”, recordó.
Destacó que en los años siguientes, los incentivos a la inversión permitieron la llegada del gas a provincias como Nules, en Castellón, lo que favoreció el despegue de la industria cerámica y su entrada en mercados como el italiano.
“Todo aquello se pudo hacer porque se estableció una regulación promotora de esa energía”, apuntó Pérez Collar, quien sostuvo que el reto de España ahora es adoptar una normativa que contribuya a que las diferentes tecnologías convivan de manera ordenada y vayan encontrando su nicho de mercado.
“En este proceso de descarbonización, el gas natural tiene que jugar un papel, pero necesita una infraestructura de carga. Seat no puede vender coches de GNC si no hay gasineras. Redexis quiere montar una red, pero necesita estabilidad regulatoria”, mantiene. Al respecto, Fernández, de PwC, indicó que en toda España hay 44 gasineras operativas y 22 en planes.
En el caso del hidrógeno, que puede obtenerse a partir de gas natural, Pérez Collar anotó que tiene la desventaja de que en su proceso de producción emite CO2, a menos que esos gases se capturen como se está haciendo en el norte de Europa.
En cambio, ve más oportunidades en el bunkering si España aprovecha su gran cantidad de terminales flotantes para atraer a transatlánticos que vengan a cargar a la península o Canarias. “No hay que pensar solo en la tubería, sino que el sector tiene que ser protagonista en todos los frentes. Pero no le pongamos barreras de entrada”, reclamó.
Cuestionamientos a la reforma
Impacto en tarifas. La CNMC defiende que el objetivo de la reforma es corregir el exceso de retribución que, según sus técnicos, las empresas del sector han recibido en los últimos años, lo cual redundará en una tarifa más barata para los consumidores. Pero Gerardo Fernández, de PwC, sugirió que el beneficio en ese sentido es limitado, porque el componente regulado de la tarifa representa solo el 10% de la factura total de un cliente industrial y de entre el 30% y 40% del doméstico. “Si los peajes bajan, su impacto no será determinante”, subrayó.
Tramos de consumo. Marta Margarit, de Sedigas, advirtió que lejos de favorecer a los consumidores, el cambio propuesto por la CNMC va a generar incertidumbre en los usuarios, ya que los clasifica por tramos de consumo que pueden variar cada año. “Si este año, el invierno es más duro y enciendes más tiempo la calefacción, tu consumo con respecto a 2018 aumentará, así que el próximo año te van a subir de tramo y refacturar la diferencia, lo cual será también un caos para las empresas, ya que tienen 7 millones de usuarios”, expuso.
Actividad local. La secretaria general de Sedigas mantiene también que la reforma no solo afectará a las grandes empresas distribuidoras, que paralizarán sus inversiones, sino también a sus proveedores, la mayoría de los cuales son pequeñas empresas locales, ya que cada vez que una compañía instala un gasoducto, no desplaza personal desde Madrid o Barcelona, sino que contrata mano de obra en la provincia donde se instalará la tubería. “Toda esa actividad local se va a perder”, alertó.
Transporte. En defensa de la neutralidad tecnológica, Antonio Pérez Collar, de Chance & Choices, sostuvo que el primer descenso importante de las emisiones de CO2 en la península se va a producir cuando los concesionarios den salida a sus coches diésel, híbridos y gasolina para sustituir con ellos a los vehículos de 15 años de antigüedad que circulan actualmente en las carreteras. A cambio de achatarrar estos automóviles viejos, entregarán a los clientes modelos de combustión nuevos que se los alquilarán durante periodos de siete años con el mantenimiento incluido. “Lo que es muy improbable es que cuando toque renovar por segunda vez esos coches, el nuevo sea de combustión. En esta secuencia, el gas natural comprimido tiene que jugar un papel”, insistió.
Fuente: cincodias
