La sociedad Black Toro Capital rechaza la expansión proyectada por los Contreras en la Bahía y concentran la producción en su factoría de Salt
La inversión de Torrot en la Bahía se ha esfumado como el humo de tabaco. Los nuevos gestores que han tomado las riendas de la compañía, concretamente de la división de motos eléctricas, el fondo de inversión de capital riesgo Black Toro, anunciará este jueves su decisión de abortar la expansión proyectada en Cádiz y centrar sus esfuerzos en la planta gerundense de Salt, donde Torrot tiene su base de operaciones. Será en esta factoría catalana donde se llevará a cabo, finalmente, la fabricación del Velocípedo, una moto eléctrica de altas prestaciones.
El consejero delegado de Torrot, Enrique Sanz, toma esta decisión tras las dificultades económicas que entrañaba para la compañía invertir en Cádiz, como consecuencia de la deuda que arrastra la empresa por valor de 22 millones de euros. La medida frena, en cierto modo, un sobrecoste con el desplazamiento de la cadena de producción del Velocípedo y permite un ahorro al utilizar las instalaciones de Salt.
El pasado 15 de febrero se cumplió un año del acto público que marcó la implantación en Cádiz de esta empresa de motos. Los Contreras, Iván y Rafael, principales valedores de la expansión en Cádiz, reunieron en el antiguo complejo industrial de Altadis, en el recinto interior de la Zona Franca, a un amplio elenco de representantes de la vida pública y empresarial de la provincia para presentar en sociedad lo que sería su nuevo centro de producción en Cádiz.
Se trataba de un acto simbólico que servía para arrancar la obra de su nueva factoría en Cádiz. Torrot había alquilado a la actual propietaria del complejo, la Zona Franca, una de las tres naves que Altadis había dejado sin actividad tras cerrar sus instalaciones en 2013. Un año después de aquel acto, que contó con la presencia de dos consejeros de la junta, la inversión anunciada es nula y queda, por tanto, abortada la fabricación en Cádiz del denominado Velocípedo. LA VOZ contactó este miércoles con el exresponsable de la compañía y uno de los artífices de la implantación de Torrot en Cádiz, Iván Contreras, que delegó cualquier tipo de información sobre el futuro de la inversión gaditana en el nuevo CEO de la empresa, Enrique Sanz, uno de los hombres fuerte de Black Toro Capital. Este fondo de inversión es el que maneja buena parte del 40% de Torrot tras la venta del 60% de sus acciones el pasado verano a la austriaca KTM, que se hizo con Gas-Gas, la división de motos de trial de Torrot.
Los problemas de financiación y las deudas han puesto muy cuesta arriba la expansión de Torrot. De hecho, el Ministerio de Industria les dio una prórroga para justificar los 8,5 millones de euros que recibieron en 2017 para el proyecto del Velocípedo con cargo al Plan Reindus. La prórroga de un año expiraba este mes de febrero, fecha en la que Torrot tenía que justificar el destino de ese dinero público. Industria sigue a la espera de que los gestores de la empresa muevan ficha y presenten la documentación definitiva sobre la fabricación del Velocípedo. Tienen de plazo hasta mayo.
La imposibilidad de sacar adelante el proyecto del Velocípedo en Cádiz les llevó a buscar alternativas y una de ellas fue la posibilidad de encontrar un nuevo inversor que se hiciera cargo de la iniciativa. No ha podido ser y Black Toro ha optado por plegar velas y quedarse en Salt y sacar el Velocípedo con los recursos que tiene en Cataluña.
Torrot se hizo con la ayuda pública a través de la sociedad Antimine SL. La empresa solicitó apoyo financiero público para levantar y equipar su nueva fábrica de motos eléctricas en el antiguo complejo de Altadis, en la Zona Franca. Esta subvención pública formaba parte de los 17 millones de euros de inversión que necesitaba Torrot para poner en marcha en Cádiz una cadena de producción de motos eléctricas urbanas de grandes prestaciones. Esta iniciativa industrial suponía la creación de un centenar de puestos de trabajo y el desarrollo de una novedosa idea para la movilidad urbana.
Un incendio cambió los planes
Sin embargo, los planes de Torrot se torcieron el pasado verano cuando la compañía se vio obligada a presentar un ERTE para su plantilla en las instalaciones de Gerona y entre la media docena de trabajadores que abanderaban el proyecto de Cádiz. Además, Torrot tuvo que vender a la austriaca KTM el 60% de sus acciones para sobrevivir ante la deuda que hacía inviable cualquier movimiento. La austriaca se hizo con Gas-Gas, la división de trial de Torrot, mientras que Black Toro mantuvo la de motos eléctricas.
Ante esta situación, los gestores de Torrot comunicaron al Ministerio de Industria, según fuentes ministeriales, las dificultades económicas por las que atravesaban solicitando por ello un aplazamiento de las condiciones económicas que recoge la ayuda suscrita con cargo al Plan Reindus de 2017. Industria ha confirmado de nuevo a LA VOZ que la inspección del Reindus autorizó a mediados de 2019 ese aplazamiento pero puso condiciones para dar el visto bueno. Este periódico publicó en su momento que la compañía debía arrancar su inversión en Cádiz en febrero para poder cumplir con los requerimientos de Industria y justificar en mayo el dinero de la ayuda pública que recibió.
La situación cambia con el giro de la inversión. Torrot devolverá el préstamo a Industria y seguirá su plan en Salt.
Fuente: lavozdigital