AEDIVE propone una serie de medidas para alcanzar los objetivos de descarbonización del parque móvil español.
La pandemia del coronavirus va a provocar, indiscutiblemente, una serie de cambios significativos en la movilidad. Entre ellos aparece un inesperado repunte del protagonismo de los desplazamientos individuales frente a los colectivos, como fórmula de protección ante el riesgo de nuevos contagios por Covid-19.
Las autoridades sanitarias así lo recomiendan y son varios los expertos que apuntan en el mismo sentido. Una realidad que, sin embargo, puede entrar en conflicto con otros objetivos previos y prioritarios, como la lucha contra las emisiones y la electrificación del parque automovilístico español.
En este contexto, el coche eléctrico debería jugar un papel determinante. Facilita esa movilidad individual necesaria para mantener el distanciamiento interpersonal, al mismo tiempo que limita los efectos contaminantes de un probable repunte en el tráfico, especialmente en las grandes ciudades y sus alrededores.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que abarca de 2021 a 2030, se marca el objetivo de tener circulando en España cinco millones de vehículos electrificados al final de ese periodo. Una aspiración que precisa de la matriculación anual de 60.000 unidades de eléctricos puros, cantidad muy por encima de las ventas que se han venido produciendo hasta el momento (7.470 durante el pasado ejercicio).
El desafío, por tanto, es evidente y desde la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) han diseñado un paquete de medidas para afrontarlo. ¿Qué se necesita para incentivar de forma real la adquisición de vehículos eléctricos? Estas son las 10 propuestas lanzadas por los especialistas en el sector.
- Exención en el IRPF sobre las subvenciones personales para la adquisición de vehículos eléctricos, sin precio máximo. Además, deducción en la cuota del mismo impuesto de su coste de compra.
- Aplicación de un tipo de IVA reducido para estos productos, algo ya frecuente en otros países europeos. La propuesta de AEDIVE marca como referencia un 10% para los automóviles y un 8% para las motocicletas.
- La misma medida de reducción impositiva se debería adoptar para los servicios de movilidad compartida con vehículos eléctricos, aplicando el IVA reducido del 10%.
- Incentivar la elección de vehículos eléctricos entre las empresas, eliminando el límite máximo de precio en el rendimiento en especie en el Impuesto de Sociedades, actualmente fijado en 40.000 euros.
- Reducción de un 30% en el impuesto de sociedades para todas aquellas empresa que inviertan en movilidad eléctrica para su actividad, así como en inversiones destinadas a infraestructuras de recarga.
- Puesta en marcha de un Plan Moves adaptado a este nuevo contexto, con mayor duración en el tiempo y mayores ventajas para los compradores de coches eléctricos. En este sentido, el Gobierno ya avanzado que los próximos incentivos del Moves ascenderán a 65 millones de euros (un 40% más respecto al año anterior) y que no será necesario el achatarramiento de otro vehículo para acceder a las ayudas: si se produce esta baja la subvención será de 5.500 euros, mientras que si no es así se quedará en 4.000 euros.
- Modificaciones en el impuesto de matriculación y circulación. Para AEDIVE cualquier vehículo que genere emisiones de CO2 debería estar gravado en su matriculación, para permitir cubrir los costes sociales y decantar la elección hacia los eléctricos puros. En cuanto al impuesto de matriculación, se propone su modificación para relacionar la tasa con la potencia del vehículo y sus emisiones de CO2 sino también con sus emisiones de NOx y otras partículas.
- Exención del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) para el suministro de energía en los puntos destinado exclusivamente a la recarga de vehículos sin emisiones, al igual que ya se realiza en determinadas actividades empresariales.
- Exención del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas dedicadas al servicio de recarga de vehículos eléctricos, más allá del plazo ahora regulado de dos años para el inicio de actividades. Una ventaja que incentivaría la instalación de infraestructura, solventando una escasez que se encuentra entre los grandes inconvenientes actuales para los usuarios de coches eléctricos.
- El coste fijo en la factura de la electricidad para un punto de recarga de 50 kW es de unos 5.000 euros al año, lo que penaliza la rentabilidad de estas instalaciones considerando que el parque móvil eléctrico es por el momento reducido. Por ello, AEDIVE considera necesario que, de manera transitoria, se elimine este gasto fijo para los puntos públicos de recarga.
Fuente: motor.elpais
